Venezuela y la Corte Penal Internacional

19 de noviembre, 2020

La Corte Penal Internacional creada el 17 de julio de 1998 por el Estatuto de Roma, como todo Tratado Internacional para entrar en vigencia, necesitó la firma de los plenipotenciarios y la ratificación de los gobiernos y los parlamentos. Venezuela es parte de esta institución y paradigma del nuevo Derecho Penal Internacional. Colegas nuestros de la Cancillería, en nuestro ejercicio diplomático, formaron parte del largo trabajo incluyendo su participación en la comisión de Derecho Internacional de la ONU como órgano compuesto por expertos de reconocida competencia en derecho internacional; es el caso del venezolano Embajador Víctor Rodríguez Cedeño con quién trabajamos varios años en Ginebra y compartimos diferentes cursos de post-grado en el campo del Derecho y las Relaciones Internacionales. Incluso, el Dr. Cedeño fue postulado para integrar el primer equipo de Magistrados de la Corte Penal Internacional. La firma del Estatuto de Roma para la creación de la CPI se realizó durante el último gobierno del presidente Caldera, y la ratificación en el 2002 por el presidente Chávez y el Parlamento de la época.

Este 20 de noviembre se conmemora el 75 Aniversario de la puesta en marcha del primer Tribunal Penal Internacional en la Ciudad de Núremberg – Alemania para juzgar a los nazis culpables de crímenes en la II Guerra Mundial. El Tribunal de Núremberg, como el de Tokio, y posteriormente los Tribunales Penales de ex – Yugoslavia (1993) y Ruanda (1994) tuvieron un carácter temporal y para casos definidos; los primeros contaron con la participación de las potencias vencedoras, y los segundos por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU bajo el capítulo VII en la Carta de las Naciones Unidas. Estos Tribunales ad hoc han tenido primacía frente a los Tribunales nacionales, mientras que la Corte Penal Internacional es complementaria de las ordenes penales nacionales y tiene carácter permanente y universal; siempre con la exigencia para los Estados de cooperar bajo el principio de la justicia penal universal relacionado a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en los procesos de investigación y el enjuiciamiento de crímenes establecido por la CPI.
El nuevo Derecho Penal Internacional es ya parte integrante de los estudios jurídicos en varias universidades del país, en nuestro caso tenemos la responsabilidad de una de las cátedras en el Doctorado de Derecho Internacional Público con las especializaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC) creada y promovida por el parlamento Latinoamericano (Parlatino). En esta área jurídica han sido muy importantes los aportes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Precisamente ha sido la Cruz Roja como institución Internacional quién más ha contribuido en la universalidad de la justicia penal, especialmente con el principio de responsabilidad para las personas por las violaciones del Derecho a la Guerra, donde la primera realización fue en los Tribunales de Núremberg y Tokio para enjuiciar a los militares nazis y japoneses después del triunfo de los aliados y la rendición incondicional de los promotores del conflicto. A los Estados siempre se les ha exigido la responsabilidad de enjuiciar y condenar a los ciudadanos que hayan cometidos crímenes y con más razón cuando tienen dimensión internacional catalogados como crímenes de lesa humanidad. Desde 2002 cuando entró en vigencia la CPI, la justicia internacional tiene una instancia permanente a la cual se puede acudir para juzgar a personas que han cometido crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión; complementando las deficiencias o negligencias de los Tribunales competentes internacionales cuando no tienen la capacidad o se niegan a investigaciones o enjuiciamientos. La CPI tiene competencia para recabar testimonios; reunir pruebas; investigar; juzgar y condenar a los culpables. Es posible que el presidente de un país pueda ser llevado a la sede de la CPI en La Haya para juzgarlo por estos crímenes, tratándose del dictador de Sudán Omar al Bashir quién gobernó por 30 años; acompañará en Holanda al también ex presidente de Liberia Charles Taylor quién fue extraditado y juzgado por la CPI.
Luego de 75 años de los primeros Tribunales Penales Internacionales, hoy con la CPI y los tribunales ad hoc que aún están funcionando la represión penal internacional para castigar; prevenir y poner término a violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario ahora es posible no sólo por parte de los Estados sino también por las organizaciones internacionales y la sociedad civil. Este es el caso de Venezuela, donde el propio gobierno ha acudido recientemente a la CPI en La Haya frente a crímenes que considera internacionales impulsados por otros gobiernos; y también donde personas y organizaciones no gubernamentales así como otros gobiernos han acudido solicitando la protección jurídica internacional, prevención y castigo por genocidios, crímenes de guerra, agresión y crímenes de lesa humanidad. Tanto los gobiernos como la sociedad civil, 75 años después de Núremberg y después de 22 años de crearse la Corte Penal Internacional, tienen la oportunidad no solo por razones jurídicas sino éticas de exigir justicia. Tenemos una instancia penal permanente y universal.
jcpineda01@gmail.com
El Universal

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