Sobre las zonas económicas especiales. Antecedentes

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  • 2 julio, 2021
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2 de julio, 2021

Por: Luis Fuenmayor Toro

Tema extenso y complejo, que genera posturas principistas fundamentalmente en grupos nacionalistas y de izquierda, pero también respuestas viscerales y actitudes acomodaticias, en sectores que van desde aquellos siempre proclives a políticas económicas “salvadoras”, máxime si son neoliberales, hasta los enfrentados desde el inicio a las nacionalizaciones ideologizadas de Chávez. El recuerdo del “exprópiese” ilegal y autoritario, además de arbitrario y carente de razones de Estado, por parte del Comandante en Jefe ha dejado su impronta en las decisiones político económicas de hoy. Todo ello hace difícil tratar de abordar el tema con la mayor objetividad posible, sin levantar una nube entre los ya seguidores de alguna tendencia en esta materia.

Personalmente considero como antecedente inmediato de las hoy propuestas zonas económicas especiales (ZEE), a la forma en que se instrumentó la apertura petrolera hecha por Chávez y su manejo en la zona petrolífera del Orinoco. Se trató de empresa mixtas, a las que le entregaron porciones del territorio nacional, que administraban en forma casi soberana, pues el Estado redujo su presencia en las mismas. De hecho, no había libre tránsito en estos enclaves y las condiciones laborales no estaban sometidas a las regulaciones, que supuestamente las norman en el resto del país. Los socios extranjeros de nuestra industria petrolera gozaban también de una serie de prerrogativas desde el punto de vista impositivo, además de facilidades cambiarias, de importación y de repatriación de capitales.

Otro antecedente que hay que señalar es que, en las contrataciones referidas, el Estado renunciaba a la inmunidad de jurisdicción, por lo que los conflictos que surgieran en la instrumentación de las mismas no se resolverían en los tribunales venezolanos. Esa disposición es la misma que hoy existe en la proposición de Ley de ZEE. Pero incluso podríamos irnos mucho más atrás, a la discusión y aprobación por la Constituyente de 1999 de la actual Constitución. El artículo 151 de la Carta Magna, presentado a la Constituyente, señalaba que en todos los contratos de interés público estaría incorporada una cláusula, aun si no estuviera escrita, que obligaba a resolver las controversias surgidas en los tribunales venezolanos. A ese artículo, antes de aprobarlo, Chávez le incorporó una coletilla que dice “si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos”, disposición que anula en la práctica el artículo.

Estos antecedentes significan que, desde el inicio mismo de la llamada revolución bolivariana, sus dirigentes máximos tuvieron en mente la posibilidad del desarrollo de relaciones económicas, similares a las que hoy aparecen como novedosas y necesarias, para enfrentar la grave crisis económica que todos sufrimos. En 1999, un grupo de venezolanos impugnamos y solicitamos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la derogatoria del artículo 151 o la eliminación de la coletilla señalada, pues estaba en contradicción con el artículo primero de la Constitución aprobada. El TSJ negó nuestra petición, pese a que la argumentación era más que clara y evidente. No se puede establecer, por ejemplo, una diferencia entre empresarios nacionales, obligados a litigar en tribunales de la república, y empresarios extranjeros que litigarían en tribunales internacionales.

La violación de la inmunidad de jurisdicción está entonces presente desde la misma aprobación de la actual Constitución. Ha sido una política de Estado de todos los gobiernos de este siglo, como lo demostró la sentencia del TSJ ya mencionada. Hoy, Maduro simplemente aplica ese claro legado, lo cual por supuesto no lo libera de responsabilidades. En todo caso, su participación protagónica fue la de generar tal deterioro de la economía y del país, que hoy se asume como imposible explorar opciones distintas de la propuesta planteada. Recuerdo en este momento a Fidel Castro en el Hotel Eurobuilding en 1989, cuando quiso convencer a un grupo de dirigentes de la izquierda venezolana, de que Carlos Andrés Pérez no tenía alternativa al paquete económico de entonces, por lo que era obligatoria su aplicación. Tanto nadar para ahogarse en la orilla.

 

@LFuenmayorToro

 

 

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