¡Qué jartera!

9 de mayo, 2021

La pandemia del COVID 19 ha sido una dura prueba para la humanidad entera, porque no solamente nos ha encarado con nuestro destino inexorable, atravesando el dolor por la pérdida de seres queridos y palpando la impotencia de nuestra era (auto convencida de una fortaleza material e intrascendente que hace aguas) que nos ha confrontado con la sustancial fragilidad de toda la especie humana.

Como era previsible, el azote viral ha hecho mella también en la salud mental de amplios grupos de la población, quienes ya ateridos de miedo por el enemigo invisible, también han tenido que afrontar el hecho de verse confinados durante largos periodos de tiempo como medida de protección a la salud, cosa que, contradictoriamente, atenta de manera proporcional al alivio del miedo, pues el solaz que produce el acompañamiento al sufriente se ve forzosamente cambiado por gente que sufre y muere en soledad.

También ha afectado la pandemia, como era inevitable, las relaciones económicas y la capacidad de muchos grupos sociales de sortear esta tragedia debatidos entre la salud y el comer, porque del mismo modo que esta peste desnudó la fragilidad humana en una época de la razón deificada, de ese mismo modo desnudó el modelo capitalista como el epitome del egoísmo individual y como motor económico del avance humano. Sociedades como la española, que iniciaron un desmantelamiento progresivo de sus sistemas de salud pública, cediendo el espacio para que el mercado se posicione en nombre del Estado como equilibrio de justicia social y estos se han visto desbordados, cuando no colapsados, por esa política de reducir al hombre a un guarismo. O en los Estados Unidos de América, donde la gente que tuvo que acudir a centros de salud para sortear la enfermedad tendrán que verse obligados a permanecer pagando la factura de salvarse del coronavirus hasta el último día de sus vidas: aunque se hayan curado, la pandemia los perseguirá hasta la muerte.

Es cierto, sin embargo, que cada uno de los países, en distintas formas y maneras, dependiendo de sus capacidades, han hecho ingentes esfuerzos para paliar en alguna medida los devastadores efectos de la pandemia y para proteger a sus ciudadanos desvalidos frente a este fenómeno. A pesar de la negativa de la anterior administración norteamericana de estimar la gravedad de la pandemia, y contradiciendo lo que dicta la tesis del capitalismo, el gobierno de Trump hizo entrega en dos oportunidades de bonos sin contraprestación a todos los residentes del país y a sus familiares para ayudarlos a sortear el descalabro económico que les supuso la enfermedad. La nueva administración continuó con la misma política y entregó un tercer bono, y ante el creciente número de desempleados el gobierno les provee pagos mensuales para que puedan poner comida en sus mesas.

Lo que es difícil de entender es lo contrario: que algún gobernante, frente al infortunio que ha producido la situación mundial, ponga más peso en la espalda de sus ciudadanos justamente cuando están en menor capacidad de sobrevivir por cuenta propia. Eso fue lo que hizo el presidente Duque en Colombia con el plan de más y mayores impuestos. Frente a la contracción económica que resiente la economía de ese país en los últimos años -ahora agravada por la pandemia- en vez de aliviar a su gente, el gobierno se propuso cargarlos con más impuestos.

En cualquier otro momento podría haberse pensado que la decisión era una insensatez, o algún error de cálculo sobre el momento político, y que la reacción del pueblo colombiano era efervescencia del momento, pero no es así, ya que este trance, lejos de ser un evento temporal obedece a situaciones más estructurales: todos recordamos que desde el año 2019 hubo manifestaciones populares que se repitieron al año siguiente y que se disolvieron por causa de la pandemia, pero la declaratoria del estado de emergencia, lejos de aliviar las tensiones sociales en Colombia,  hizo de catalizador para las protestas recientes, inéditas en sus dimensiones e inéditas en la dureza de la represión.

Colombia según el Banco Mundial es el sexto país con mayor desigualdad en el mundo, bajo el coeficiente de Gini, y esa enorme brecha social se ha visto incrementada aún más con el aumento del 4.5 % de la población que se desplazó hacia el sector de la pobreza solo en 2020. Uno de cada cinco colombianos no tiene empleo. Sumado a ello Colombia sufre una contracción del PIB de alrededor de dos puntos.

Por otra parte, en materia social, en Colombia se han hecho habituales los asesinatos, las fosas comunes, las desapariciones y secuestros de líderes sociales, sindicales, laborales, agrarios, defensores de derechos humanos y promotores de derechos ecológicos a mano de los órganos de seguridad del Estado; y es importante recordar que estos asesinatos no son una novedad en una sociedad en la cual su gobierno es el “inventor” de los falsos positivos para encubrir los atropellos de las autoridades contra la población civil, amparados en la lucha contra la guerrilla.

Firmados los acuerdos de paz la conducta gubernamental ya no puede escudarse en que cualquier reivindicación social es de carácter revolucionario – marxista, con lo cual queda únicamente la brutalidad dura y pura de sus autoridades en respuesta a las demandas sociales postergadas por generaciones. De igual modo, hay que decir que unas autoridades militares y policiales marcadas durante más de 60 años por una guerra civil no conocen otra manera de tratar a los “otros” sino como enemigos así sean compatriotas, por consiguiente, esta represión brutal y la consiguiente espiral de violencia que se ha desatado en Colombia no es más que la misma conducta en tiempos de guerra, pero desarropada del conflicto.

En ese cuadro de conmoción latente, el gobierno de Iván Duque, pretendió que los ciudadanos de las clases media y media baja fuesen pechados con un IVA del 19% a los servicios básicos, además de ampliar la base tributaria para abarcar a quienes menos ganan, y con eso financiar al gobierno en 6.600 millones de dólares mientras que ese mismo gobierno  -por su actitud beligerante interna y con sus vecinos– según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo se gastó más de 9.000 millones de dólares en el área militar en 2020. De manera que, parece ser más importante para el gobierno colombiano tener armas para agredir a su gente que darles salud, alimentos o educación; también parece quedar claro que esto no fue un desliz del presidente Duque, sino que es la consecuente actitud de un gobernante alejado de la realidad y del sufrimiento del pueblo por su cercanía con el poder y con el dinero; el mismo gobierno que desbarató los acuerdos de paz del presidente Santos, con la intención de que la narcoguerrilla sigan actuando en Colombia como la excusa donde “todo cambia para seguir igual”.

Todos los pueblos tienen el derecho de rebelarse frente a las injusticias y la desigualdad que los ahoga en la miseria, y en esta oportunidad habrá que desear y apostar que nuestros hermanos colombianos -que han intentado fallidamente por décadas reivindicar sus derechos a través de la violencia- sean capaces de disfrutar de la posibilidad de cambiar a su país desde la lucha cívica y ciudadana.

 

@rodolfogodoyp

 

El Reporte Global, no se hace responsable de las opiniones emitidas en el presente artículo, las mismas son responsabilidad directa, única y exclusiva de su autor.

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