Organizarse es un derecho, no un crimen

27 de abril, 2021

Durante la pandemia de la “gripe española”, que azotó al mundo y a nuestro país en el siglo XX (1918 y 1919), Venezuela vivía bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien pese a su férreo control sobre la población, permitió que desde un sector clave de la sociedad civil -como lo era para entonces la novel Academia de Medicina- se organizara la “Junta de Socorro Nacional”, coordinada desde Caracas y con sede en algunas regiones del país, para afrontar la enfermedad y la crisis humanitaria resultado de la misma; si bien desde las instituciones oficiales se mantuvo un control informativo y se le restó importancia al virus y su impacto en la calidad de vida de la población, la sociedad civil y la Iglesia jugaron un papel protagónico en la respuesta humanitaria de aquel momento.

Para entonces, nuestro beato José Gregorio Hernández, uno de los fundadores de la Academia, “recién llegado de sus estudios de posgrado en Estados Unidos y España, se integró a la Junta de Socorro Nacional, conformada por el arzobispo Felipe Rincón González y los médicos Vicente Lecuna Torres, Santiago Vegas, Antonio Rísquez, entre otros, y coordinada por el Dr. Luis Razetti, todos miembros de la Academia Nacional de Medicina. La junta de Socorro tuvo como misión coordinar la respuesta ante la pandemia y educar a la población…montó una estrategia de Información, Formación ciudadana, y organizó el sistema de salud para afrontar institucionalmente la pandemia”. [1]

A propósito de esta anécdota histórica, hace unos meses leí un tuit de Laureano Márquez, quien con su lúcido sentido del humor comparaba aquel momento con nuestra actualidad. Como no tengo a mano el contenido exacto de aquel mensaje, parafraseo lo que dijo: “en aquel momento fue Luis Razetti, José Gregorio Hernández, la Academia de Medicina. Hoy son los hermanos Rodríguez y el presidente Maduro los que coordinan las políticas de salud ante la pandemia del Coronavirus”. Tamaño contraste que pone en evidencia el desamparo en que se encuentra hoy el pueblo venezolano.

Este hecho es revelador de un ejercicio antidemocrático de la política que busca controlar todas las dimensiones de la vida, rayando en la incompetencia y sacrificando vidas humanas a contra vía de la Constitución. Así lo plantea el documento Rescatemos el derecho a vivir en democracia: decálogo para la acción, hoja de ruta que presentó la UCAB junto a Provea y Espacio Público para orientar a la ciudadanía en la defensa del Estado de derecho y la recuperación de las condiciones de vida. El tercero de sus 10 principios, titulado “Hay oportunidades para la libre formación de la opinión pública”, subraya lo siguiente, citando nuestra Carta Magna: “Las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y las distintas modalidades asociativas del ámbito empresarial, económico, cultural y religioso son igualmente indispensables para la preservación de la democracia (arts. 52, 59, 95 y 112 CRBV)”, a lo que yo añadiría, para participar corresponsablemente ante los desafíos informativos, educativos y humanitarios en contextos como los que vivimos con la pandemia.

Pero no es así. Más que facilitar la corresponsabilidad y la creación de iniciativas favorables a la vida, el Gobierno ha impuesto -y volvemos a citar el Decálogo- “prácticas que dificultan la creación de nuevas asociaciones o que ponen cortapisas a las actividades y al financiamiento de las ya existentes, en especial de organizaciones no gubernamentales”. Un ejemplo es la reciente “Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”publicada en Gaceta Oficial N° 42.098 del 30 de marzo de 2021, que obliga a las ONG a declarar ante el Ministerio de Interior y Justicia desde el origen de sus fondos hasta sus beneficiarios o participantes.

En un comunicado difundido esta semana, más de 600 organizaciones denuncian que esta nueva normativa “coloca a las organizaciones de la sociedad civil bajo sospecha de terrorismo y restringe el acceso al registro para su legalidad”. Además, sostienen que la providencia administrativa criminaliza el derecho a organizarse, porque “crea un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz”. [2]

Las organizaciones firmantes exigen la derogación de este instrumento, porque subrayan que se trata de “una normativa sub-legal, que regula asuntos reservados a las Leyes, con un rango inferior incluso a reglamentos y resoluciones, que establece procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones para las organizaciones de la sociedad civil, no contemplados en ningún instrumento del ordenamiento jurídico venezolano y que, por lo tanto, son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir”. Así lo resumió la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta de Twitter: “Eliminen la Providencia Administrativa No. 001-2021 que al establecer la posibilidad de ilegalización e inclusive cárcel, pone en riesgo la acción de las organizaciones que prestan apoyo a los sectores más vulnerables de la población”.

En esta dirección de criminalización del derecho humano a la organización, en la Asamblea Nacional (AN) también avanza la Ley de Cooperación internacional, instrumento que, desde 2007, se pretendió aprobar como parte de la reforma constitucional y la profundización del socialismo.

Los hechos muestran que la pandemia, más que abrir al Gobierno a la concertación para una respuesta más eficiente y eficaz ante la emergencia humanitaria y crear las condiciones y reducir los daños, ha sido la ocasión para profundizar los mecanismos de control y restringir el derecho humano y constitucional a organizarse para hacer el bien y salvar vidas.

Por ello, el Decálogo hace un llamado urgente a la ciudadanía para luchar por la defensa de la Constitución y los DD.HH., pidiéndole trabajar para exigir al Estado “ponerle coto a la obstaculización del trabajo de las organizaciones sociales, incluyendo el cercenamiento de sus posibilidades de constitución o registro, funcionamiento y financiamiento“, y “respetar la libertad de asociación en organizaciones comunitarias y brindar respaldo a sus iniciativas suprimiéndose las prácticas de subordinación política o clientelar”.

Si hay un signo claro de resurrección es la organización con vocación por la verdad, la belleza y el bien. En la Pascua, los discípulos postrados por el dolor y la tristeza ante la muerte de Jesús de Nazaret y paralizados por el miedo al poder que asesinó al justo inocente, se reencuentran, se organizan y salen dignos, sin temor, a anunciar la buena noticia, revelada en Jesucristo, el Señor resucitado. “Como mi Padre me envió, así los envío yo” (Jn 20,21).
[1] Tomado del  Tema IX, titulado “JGH Profeta de la Justicia”, de la serie “Venezuela camina con JGH”, producida por la Comisión Nacional por la Beatificación.
[2] http://espaciopublico.ong/organizaciones-de-la-sociedad-civil-declaran-su-rechazo-rotundo-y-exigen-la-derogacion-de-la-nueva-providencia-de-registro-por-terrorismo-y-otros-delitos-en-venezuela-2/ 

 

Por Alfredo Infante s.j.

 

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