
27 de mayo, 2022
Por: Mercedes Malavé
Tanto el sindicalismo como la organización profesional o gremial conforman el entramado político-sectorial que hace posible el desarrollo socioeconómico sostenible y consensuado que anhelamos impulsar con urgencia. Conforman, junto con la organización empresarial, alternativas de articulación y acción para contribuir al bien común de la sociedad, mediante la participación en instancias de organización según la propia profesión u oficio. Se constituyen como fuerzas complementarias que, junto a los partidos políticos, incluyen a toda la sociedad agrupada según afinidades, vocaciones e intereses comunes.
Con toda propiedad, la doctrina social de la Iglesia contrapone estas organizaciones sectoriales a la voluntad arbitraria del estado. León XIII llegó a afirmar que son esas organizaciones de base las responsables de “elegir libremente la disciplina y las leyes que les parezcan más apropiadas para el fin que persiguen”, no el Estado. Y deben hacerlo según “las características de cada nación, los ensayos hechos y la experiencia adquirida” (Rerum Novarum).
La libertad sindical, gremial y empresarial persiste en nuestro país de forma latente y casi terminal, frente a las múltiples embestidas del poder de un sistema autoritario con vocación hegemónica. La primera amenaza es la pretensión del chavismo de incluir estructuras paralelas sectoriales en su entramado político y administrativo, otorgando privilegios abusivos a grupos afines para ellos gozar de un monopolio único. Ya Pío XI observaba este problema cuando advertía “cuídense de que no corra el peligro de ser puesta al servicio de fines políticos particulares, más bien que contribuir a la realización de un mejor equilibrio social” (Quadragesimo Anno).
Es cierto que en la república civil la organización sectorial venezolana llegó a su máximo esplendor; y a partir del año 2002 inició su declive más palmario producto de equivocadas estrategias políticas y de la destrucción del aparato productivo nacional. Hoy en día los trabajadores, emprendedores, empresarios, comerciantes, industriales y profesionales permanecen en el más absoluto estado de indiferencia del Estado en sus pretensiones de cambiar el modelo económico, sin debate, sin consulta ni diálogo social. Quizás ya no sea la persecución la única amenaza del gobierno, sino las intenciones del poder de “ejercer una especie de derecho en virtud del cual dispondría libremente del trabajador, de sus fuerzas y de sus bienes”, como lo advertía hace años el Papa Pío XII. El autoritarismo avanza en sus relaciones con factores económicos que hoy le conviene estimular; y alimenta fuerzas sectoriales oficialistas para debilitar, dividir, presionar y sostener una política laboral y salarial a todas luces injusta, no consensuada y arbitraria.
La libertad sindical y sectorial no es tal si no hay verdadero espíritu tripartito, en otras palabras cuando “la defensa de los derechos personales del trabajador está cada vez más en las manos de una colectividad anónima que actúa por mediación de gigantescas organizaciones tendentes al monopolio” (Pío XII). En definitiva, no hay acción sindical sin plenas libertades y estado de derecho.
Por eso la tarea que tenemos por delante es enorme: recuperar las instituciones democráticas y tener plenas garantías de derechos humanos; renovar las agrupaciones gremiales y sindicales con visión amplia y un proyecto de país que vaya más allá de la legítima defensa de los intereses obreros, profesionales y patronales. Es necesario impartir formación en políticas públicas y liderazgo social, pues han sido muchos los años de permanentes ataques y políticas de cancelación de las fuerzas sectoriales de nuestro país. Estamos frente a una coyuntura nueva, con gran número de venezolanos en la diáspora y en los prolegómenos de una nueva etapa post rentista.
Lejos de aislarse en asuntos internos y organizativos que lucen interminables, la fuerza sectorial puede convocar a toda la Nación: orientar el cambio político mediante la elaboración de un programa mínimo común que interpele a las fuerzas democráticas y articule un gran movimiento de interacción política para la conquista del poder por la vía democrática. Se trata de una ambición legítima y patriótica que apunta hacia la recomposición de la unión nacional: “Por encima de la distinción entre patronos y obreros los hombres deben saber discernir y reconocer la unidad superior que liga entre sí a todos los que colaboran en la producción, (….) su solidaridad en la tarea de procurar conjuntamente y de forma estable el bien común y hacer frente a las necesidades de toda la comunidad” (Pío XII).
@mercedesmalave
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