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Migrantes sin pasaporte: el Saime complica la vida de los venezolanos

  • admin
  • 16 julio, 2020
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El retraso en la emisión o prórroga del pasaporte venezolano por parte del Servicio de Administración, Identificación, Migración y Extranjería (Saime) afecta al menos a 13.000 de los 5.200.000 venezolanos en el exterior. Los procesos de identificación ya rezagados, ahora se encuentran detenidos y se prolongan indefinidamente tras las medidas de aislamiento que impiden la tramitación y confección del pasaporte en las oficinas, así como los cierres de frontera y las restricciones de vuelo que retrasan los envíos de las valijas diplomáticas hacia y desde Venezuela.

La demora del Saime deriva en otro tipo de inseguridad para los venezolanos: la jurídica. Salvo en países como Argentina, Brasil, Canadá, República Checa, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Honduras, Panamá y Reino Unido, sin pasaporte vigente resulta imposible emprender procedimientos que permitan normalizar la condición migratoria de nuestros ciudadanos. Esta falta de documento de identidad en otros países es además el inicio de posibles actos discriminatorios, violaciones a los derechos migratorios, humanos y el aumento de riesgo de deportación.

Pasaportes y prórrogas pagados y no recibidos, prórrogas vencidas en el momento de su recepción, desapariciones de procesos en curso, trámites que aparecen como finalizados cuando no lo están, cancelaciones de cita sin motivos y ausencia de una vía on-line para tramitar quejas, irregularidades o revisar estados de procedimientos e imposibilidad de acceder al sistema para tan solo solicitar la cita, son algunas de las denuncias que se han hecho visibles desde el 2016-2017, aunque ya para el 2012 habían iniciado las complicaciones del proceso.

Sin pasaporte, sin facilidades migratorias

En este momento, “no hay una ley que obligue formalmente a un país a reconocer documentos vencidos más allá de los acuerdos y compromisos que han adquirido algunos países en el contexto de la emergencia humanitaria en Venezuela y que entienden que hay un problema grave con la situación migratoria en materia de los documentos de los venezolanos”, explica Carlos Lusverti, abogado de Amnistía Internacional Venezuela e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

De manera que el reconocimiento de los pasaportes vencidos como un documento válido para los trámites migratorios queda completamente a discrecionalidad del país en donde se encuentra el venezolano. En tanto no exista dicho reconocimiento, el venezolano padece una restricción de movilidad entre países. Esto es: privación del libre tránsito consagrado en el artículo 50 de la Constitución. Sin embargo, agrega Lusverti: “También puede quedar expuesto a la violación de sus derechos económicos, sociales y culturales como los que están derivados de la explotación laboral, esclavitud moderna, trabajo forzado, reclutamiento forzado y pérdida de oportunidades laborales”.

Esto último ocurrió con el cocinero Gerardo Bracho. En el año 2017, con seis meses de vigencia en su pasaporte, salió a Chile y llegó solicitando su primera prórroga, que tardó nueve meses. Entonces, Bracho no solo perdió el sellado de residencia temporal, sino oportunidades laborales en dos restaurantes chilenos en el ranking de Los 50 mejores del mundo y en un restaurante en Rotterdam que pronto podría ganar una estrella Michelin.

Ahora en Koh Samui, Tailandia, desde hace nueve meses y con prórroga a punto de vencer, Bracho ya advierte las dificultades que presentará para la solicitud de su segunda residencia: “Sin oportunidades de irme a algún otro lugar, probablemente deba volver a Venezuela por falta de documento”. Mientras tanto, la prórroga le sigue dando malos sabores: pierde más de dos horas en el banco cada vez que envía dinero a su familia, pues las autoridades bancarias dudan de la originalidad y validez de un sticker en un pasaporte vencido.

Para Lusverti, hay que considerar otro escenario: “La persona termina siendo víctima de otras violaciones a sus derechos a la libertad, a la integridad, a las relaciones familiares, a la privacidad, incluso al derecho a la vida en los casos de agravamientos de condiciones de salud. Es decir, se produce una violación en general a sus derechos humanos”.

El escenario no es hipotético

Victoria, profesora y enfermera de 61 años, cuyo nombre fue cambiado por miedo a que su proceso migratorio se vea más afectado, se encuentra en un campo de refugiados en Alemania. Llegó allí tras lograr escapar de una casa en la cual estuvo encerrada durante dos meses y medio trabajando como enfermera y empleada doméstica. Solicitó asilo, pero aún no se lo otorgan, pues su pasaporte expiró en 2019. Pagó el pasaporte y no le llegó. Pagó la prórroga y tampoco.

Sin pasaporte vigente no puede ni comprar el chip para su celular. Su única documentación válida para la legalidad alemana es “el cartoncito verde” Ausweis, una tarjeta de identificación que debe renovar cada tres meses y que de ser negada la renovación, podría hacer que pierda su trabajo como encargada de limpieza de ocho horas. No sabe qué es eso de vivir con una identificación normal, pero ya habla más deustch para seguir intentando tener una.

Aun teniendo un status migratorio al día en el país destino, las consecuencias que derivan del rezago del servicio migratorio venezolano no dejan de poner en riesgo la estadía de los ciudadanos.

Al no contar con el sistema instalado, cámaras, capta huellas y todo lo requerido como infraestructura tecnológica para la renovación del pasaporte en Malasia, los esposos García (apellido cambiado por petición de la pareja) tuvieron que viajar hasta Beijing para emprender el trámite. Supieron de otros venezolanos que viajaron a Manila. Las embajadas fueron escogidas por ellos no solo considerando la cercanía, sino los gastos adicionales: visa de ingreso al país en el cual realizarían el trámite, boleto aéreo y estadía.

Cuenta el señor García: “Comenzando el proceso de solicitud con siete y ocho meses de antelación, sobrepasado los inconvenientes del acceso a la página web, conseguida la cita y atendido cordialmente en el consulado, uno podía pensar que solo restaba esperar un corto tiempo para recibir el documento. Pues no es así”. Transcurrieron dos meses hasta que recibieron el nuevo pasaporte.

Entre tanto, “los departamentos de emigración de países extranjeros no podían entender cuando se les informaba que la emisión de un pasaporte venezolano puede tomar ocho, diez meses y hasta más de un año”, agrega García.

Las complicaciones de la pareja venezolana “son otras de las afectaciones. La falta de material es una evidencia de cómo ésta viola derechos humanos asociados a temas económicos, pues incrementan los costos para el acceso a ese trámite. Además, ante esta situación de tensión al exponerlos a viajar a otros países para gestionar pasaporte podría considerar que el Estado venezolano está sometiendo a estas personas a situaciones de estrés que califican como trato cruel”, sostiene Lusverti.

Exigir soluciones, no excepciones

La iniciativa de la sociedad civil venezolana organizada en los cinco continentes Save my Identity (SMID) realizó la publicación de su petición «SOS. ¡Los Venezolanos en el Mundo Pedimos Soluciones y Nuevos Pasaportes!. ¡Ya!». La campaña, disponible en cinco idiomas, espera recaudar 100.000 firmas que permitan visibilizar aún más el problema de la documentación de los venezolanos fuera del país.

María Gabriela Sarmiento, abogada y coordinadora de la iniciativa en Zúrich, explica: “Preparamos una petición a las autoridades venezolanas para que agilicen nuestros procesos y también para pedir flexibilización en los países donde nosotros estamos residiendo. Entendemos que hay covid, pero es que esto no viene de ahorita. El problema es más grave que un retraso en la emisión de un pasaporte. El problema es estructural y en vista de que no hay estado de derecho en Venezuela, no se puede poner la queja. Mientras tanto, no te sientes ciudadano a parte entera”.

Sarmiento vivió las consecuencias de las faltas del Saime. En junio de este año, cuando su esposo e hija recibieron la renovación del permiso de residencia permanente, lo que le llegó a ella fue una carta en alemán solicitándole un documento que justificara por qué su pasaporte no estaba vigente. Aquello ponía en riesgo la unidad familiar: “Entonces, preparé un expediente enorme. Expliqué toda la situación del Saime. Obviamente estoy bien documentada porque sabía que este problema iba a surgir”.

La situación Saime-Sarmiento se resume así: tres solicitudes de pasaporte. La primera se la cambiaron por una solicitud de prórroga, la segunda fue un trámite eliminado del sistema y la tercera está paralizada. Llamadas a la Embajada de Venezuela. Correos a direcciones del Saime que no funcionan. Llamadas a un 0-800 que tampoco. Cartas, cartas y más cartas al Ministerio de Relaciones Exteriores y otro correo a la unidad de delitos informáticos suiza, porque como pagó con tarjeta de crédito suiza por un servicio consular venezolano que nunca recibió, no vaya a ser cosa que la policía local asuma que cometió un delito.

Valió la pena: una semana después del envío de su justificación en alemán, le llegó su permiso de residencia permanente, pero con la advertencia de que no puede salir de Suiza, ni siquiera ahí mismito dentro del Espacio Schengen.

La petición de Sarmiento y de los más de 400 venezolanos en las redes sociales de SMID está dirigida al Saime solicitándole pronta solución, reintegro de pagos por documentos que jamás recibieron y un servicio de soporte al usuario que permita realizar seguimiento de los trámites.

Al Ministerio de Relaciones Exteriores le piden agilizar los procesos en los consulados del mundo. A la Asamblea Nacional le solicitan reformas de la Ley Orgánica de Identificación para extender la vigencia del pasaporte a diez años y, finalmente, a la comunidad internacional le solicitan flexibilización excepcional y temporal con medidas de reconocimiento del pasaporte vencido.

Ni pasaporte, ni para el pasaporte

Según Passport Collector, para julio de 2020, el pasaporte venezolano es el tercero más costoso del mundo. Además, su vigencia es de apenas cinco años y su prórroga no cuenta con la misma duración que la emisión original del documento. De manera que para algunos, tener una identidad se convierte en un lujo difícil de complacer.

Arxad Gascón salió a Ecuador en 2018. Llegó a Cuenca tras cuatro días de viaje, solicitó refugio y le fue concedida la visa. Cuando venció, solicitó la visa humanitaria: “Aproveché la oportunidad. Cuando te dicen 50 dólares, tú los pares por cualquier lado y ya tienes una visa que te permite salir del país, no hacia Venezuela pero, por lo menos, para ir a Colombia a visitar a mi chamo”.

Ahora que su pasaporte venció, las cuentas se complican: 100 dólares por la prórroga. Al obtenerla, podrá optar por la visa de residente una vez que cumpla su período de permanencia en Ecuador, un trámite de 400 dólares. Para aclarar sus dudas y emprender el proceso, deberá trasladarse hasta Azogues, donde se encuentra el Ministerio de Relaciones y Movilidad Humana, un viaje cuyo costo aún no ha calculado porque urgen otras cuentas: de su sueldo de 400 dólares por jornada laboral de 7:00 am a 5:00 pm, de lunes a lunes, se le van 100 en alojamiento y otros tantos en enviar dinero a su hermano en Venezuela y a su hijo en Colombia.

“Claro, puedo preguntar cómo se hace el proceso en un grupo de WhatsApp pero, a veces, los mismos venezolanos te hacen vainas como los propios tramposos. A mí me han ayudado los ecuatorianos a conseguir trabajo y en la compañía donde estoy, están al tanto de nuestra situación”.

Después de la pandemia, quedarán los problemas

En los países con mayor sensibilidad ante la pandemia, los trámites migratorios quedaron congelados y suspendidos. Reiniciarán con los protocolos de “la nueva normalidad” y continuarán su curso. Pero en tanto el Saime no responda ante el trabajo acumulado desde antes de la pandemia, los migrantes siguen expuestos a la criminalización de sus procesos migratorios, lo cual podría generarles antecedentes penales que complicarían la posibilidad de sus permanencias regulares en los países en donde se encuentran.

Además, derivado del impacto de la pandemia en las economías, se establecerán nuevos controles migratorios para protegerlas y reactivarlas que, aunque no estén dirigidos hacia la migración venezolana, terminarán, irremediablemente, sumando escollos.

Aclara Lusverti: “Las migraciones, como ha dicho la Organización Mundial de la Migración, son un fenómeno natural, deseable, pero en la medida en que los países establecen restricciones, no impiden la migración, lo que hacen es que condenan a esas personas que migran. Por eso, el llamado de los mecanismos internacionales es a implementar marcos migratorios coherentes con los derechos humanos reconocidos por los distintos tratados aplicables”.

Por supuesto, el llamado a la coherencia también es a los mecanismos nacionales para velar por el cumplimiento del derecho humano a la identidad.

Fuente El Estímulo