13 de febrero, 2022
Por: Rodolfo Godoy Peña
El día 10 de febrero se publicó en El Universal, un artículo escrito por el Dr. José Gil Yepes titulado “MAS SOBRE LA FIEBRE FISCAL”, donde el autor hace un razonamiento sobre la fiscalidad, con ocasión de la aprobación del impuesto a las Grandes Transacciones en Venezuela y me pareció oportuno hacer algunas consideraciones al respecto.
No conozco ni de trato, vista, ni comunicación a José Antonio Gil, pero a raíz del artículo me pareció necesario leer sus otras opiniones, sus anteriores artículos – visto el título del artículo en referencia busqué el primero de la serie, pero no pude dar con él -, así como una carta familiar del autor publicada en algún medio de comunicación. De igual forma me interesé y averigüé sobre su formación académica para construirme una idea más completa del pensamiento del autor. Por cierto – cuando esto escribo -, se está celebrando el Día Nacional del Sociólogo, por lo cual aprovecho para felicitar al Sr. Gil Yepes.
Afirma el autor en su artículo que “se supone que el Estado, a través del Gobierno, debe existir como árbitro del cumplimiento de las reglas jurídicas que se dé a sí misma la Nación a través de la instancia más representativa del pueblo soberano: el Congreso o Asamblea Nacional”; y aquí me parece importante hacer dos reflexiones: primero, que el Estado es un concepto político referido a una forma de ordenación social y que cuenta con instituciones que reglamentan la vida de una cierta comunidad de sujetos en el marco de un territorio nacional, por lo tanto el “gobierno” no es aparte del concepto sino que es un elemento constitutivo del mismo, al igual que lo son el “territorio” y la “población”. Si el “gobierno” fuese solamente una “parte” como lo señala el autor, entonces podría haber Estado con otros elementos, ser sustituido, etc., y no es el caso. Sin gobierno no hay Estado.
En segundo término, me parece que la suposición del autor confunde el concepto “gobierno” con el de división de poderes cuando afirma que el gobierno – parte esencial del Estado – debe cumplir con lo emanado del poder Legislativo. Me temo que esa “suposición” del autor lo lleva a confundirse con la división de poderes porque en el concepto de “Estado” ambos poderes “son” el gobierno. Siempre he creído que en estos casos es mejor no “suponer” sino que, por el contrario, lo correcto es averiguar porque si se parte de una premisa falsa o errónea la conclusión forzosamente correrá la misma suerte calamitosa.
Afirma seguidamente Gil Yepes que “desde esta perspectiva, los impuestos deben ser aplicados al bien común, no a financiar al Gobierno que dice representar a dicho Estado y Nación”. Lo primero que hay que aclarar es que el “bien común” es un bien que pertenece a todos por igual, por lo cual supongo que el autor quiere referirse a “hacer lo mejor para todos” de modo que, salvado este escollo conceptual, hay también que afirmar que los impuestos se aplican siempre al bien común (sic). Se puede diferir en la vía para alcanzar “lo mejor para todos” pero, en todo caso, ese bien “común” que perfila el autor en su artículo se ha explicado jurídicamente desde hace mucho como los “fines del Estado” que constituyen direcciones, metas, propósitos o tendencias de carácter general que se reconocen al Estado para su justificación y que se consagran en su legislación, fundamentalmente de la Constitución. La forma de ejecutar los “fines” es a través de los órganos del poder público, y en específico le corresponde al poder Ejecutivo la ejecución de las políticas públicas para alcanzar esos “fines” en el día a día. No es de otra forma.
De modo tal que los impuestos siempre son para “financiar” (sic) al gobierno. Por ejemplo, si la educación es gratuita, el gobierno debe recaudar impuestos para pagar salarios, infraestructura, materiales y todo aquello requerido para cumplir con ese fin. Igual sucede con la salud gratuita, los militares o la policía. En el caso de la educación, es natural que si la población crece se requieran más centros educativos y eso forzosamente implica un aumento de la burocracia – más que el hecho de “financiar” al gobierno, se “financian” los fines.
Dice luego el autor: “…somos los particulares quienes, desde 2019, con nuestros recursos y sin apoyo del Gobierno hemos recuperado la economía, menos legítimo aún es extraer impuestos de los particulares para manejarlos de manera que debemos sospechar no será eficaz, eficiente ni transparente”. Lo primero que hay que aclarar es que desde el nacimiento de las primeras organizaciones políticas los particulares trabajan y pagan impuestos a la autoridad para financiar los fines del poder; de hecho, ese el fin de la fiscalidad en sí misma, pero lo que sucede es que en Venezuela hemos tenido el desatino de evadir nuestra responsabilidad fiscal amparados en la renta extractiva que nos ha hecho un país sin cultura tributaria.
En segundo lugar, el manejo eficiente de los recursos no obedece al tema fiscal, sino que responde, netamente al tema gerencial. En países con una desarrollada cultura tributaria como Estados Unidos no se discute – por ejemplo – que el presidente tenga a su disposición una flota de los aviones más caros del mundo para su uso personal pagados con los impuestos de la “nación” norteamericana. Tampoco se cuestiona que el gobierno federal mantenga operaciones militares multimillonarias en más de 86 países, así como nadie discute la prerrogativa que tiene el IRS para cobrarnos impuestos a quienes vivimos y tributamos en este país, alegando que Estados Unidos hace “extracción” (sic) de los particulares para pagarle las limosinas al presidente.
Se puede y se debe cuestionar el tipo y el monto del gasto público – para eso está la Asamblea – y también se puede propugnar por una reducción de los impuestos, pero desconocer, desnaturalizando lo conceptual de la mecánica del Estado y sus funciones, no es la vía idónea para generar cambios reales, a menos que el proponente, tenga otra manera disruptiva de ejecutar el “contrato social” y los fines del Estado.
Creo firmemente que todos tenemos el absoluto e indiscutible derecho de identificarnos con una posición política, religiosa, deportiva, etc., y todavía más en esta época de “cancelación” donde hay que tener el valor de asumir posiciones. Eso no solo merece todo respeto, sino que es necesario, sin embargo, creo que construir todo un galimatías conceptual, aderezado con puntos de vista sobre la corrupción chavista, ilegitimidad de Maduro, invocaciones a la desobediencia civil, un poco de “espiritismo” capitalista weberiana, etc., no es la mejor forma de defender una posición.
Felicito al Sr. Gil Yepes por ser de derecha, cosa muy respetable, pero me parece una pifia defender posiciones y enfoques desde la tergiversación conceptual, cuando podría defenderla desde lo positivo de su propio posición.
@rodolfogodoyp
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