Investigación


Bandas criminales reclutan a niños venezolanos con comida

2 noviembre, 2018

Los niños y jóvenes de familias pobres venezolanas están siendo captados por bandas criminales con alimentos, en medio de la severa crisis de desabastecimiento que aqueja al país, dijo hoy el experto Roberto Briceño León, director de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).


Briceño León aseguró en una entrevista ofrecida a Globovisión que los niños han visto reducida su ingesta de alimentos en el hogar “porque hay poca comida que repartir”.

“Entonces viene la banda y lo invita, lo invita a que vaya al lugar de la banda o lo invita a salir a comerse una hamburguesa, o lo invita al lugar donde están a tomar refrescos y lo empiezan a captar, empieza a hacer su vida dentro de la banda”, explicó.

El presidente de la OVV señaló que estos mecanismos de captación mutaron desde los “caramelos digitales”, como identificaban a los teléfonos inteligentes o tabletas, hasta la comida por causa de la crisis.

“Lo que empezamos a observar fue que ese patrón fue cambiando por la crisis alimentaria del país, las familias no tienen comida, tienen notables dificultades”, añadió.

Dijo además tener conocimiento de que los niños de etnias indígenas del estado de Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia, ingresan a la criminalidad seducidos por productos desviados del programa gubernamental de alimentos a bajo coste conocido como CLAP.

“Los están usando para el contrabando de gasolina y el transporte de drogas”, aseguró.

La OVV, una ONG conformada por expertos de ocho universidades nacionales, divulgó un estudio a principios de octubre que denunció que tres niños perdieron la vida cada día durante el 2017 en el país caribeño por causa de la violencia.

El estudio, que tomó como base informaciones publicadas en medios impresos y datos de fuentes oficiales, cifró en 1.134 el total de homicidios de niños y adolescentes durante el año 2017, lo que arroja una tasa de una muerte violenta cada ocho horas y de unas 90 al mes.

Briceño León dijo hoy que además de la crisis alimentaria, la deserción escolar, un fenómeno del cual no ofreció datos, juega un papel importante en el ingreso de los niños y jóvenes a las bandas criminales.

En tal sentido, recomendó al Estado idear soluciones para mantener a los niños en las escuelas “como sea”.

“La deserción escolar es terrible porque deja al niño en la calle, a merced de las bandas delincuenciales y a merced de cualquier otro peligro”, dijo.

Con todo, el presidente Nicolás Maduro informó ayer que Venezuela tiene una tasa de escolaridad de 90 % y que la meta de su Gobierno es alcanzar el 100 %.

Además el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, dijo en días pasados que el 90 % de las escuelas del país no cuentan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La vicepresidenta de la Comisión de Familia del Parlamento, Karin Salanova, calificó esta situación como “crítica” y destacó que los centros educativos no tienen recursos para atender a niños y adolescentes mientras “la desnutrición va galopando” debido a la severa crisis económica y social que golpea al país petrolero.

EFE


El negocio del éxodo venezolano: miles de dólares por un pasaporte

Especial El País/El Reporte Global

Venezuela es una “cárcel a cielo abierto”, dice el ingeniero Alejandro Meleán. Sus planes están detenidos por no tener un pasaporte. “Se mojó con agua, por eso lo invalidaron y ahí empezó mi odisea”.

El pasado marzo Meleán comenzó una travesía para sacar uno nuevo. No avanza. “Estoy atado, no puedo salir. Me dicen que sea paciente, pero es un martirio esperar en Venezuela”. Él vive con su familia en la ciudad de Maracaibo, en el occidental estado de Zulia, la más azotada por los cortes eléctricos y el desabastecimiento. Su hermana menor está en su misma condición, aguarda por el documento desde hace dos años: “Siento que se nos va la vida entre apagones y sortear la hiperinflación”.

El sistema oficial no funciona y las mafias se alimentan de la crisis para vender los pasaportes a elevados montos. Su precio oficial es de 18,86 bolívares soberanos o unos 20 centavos de dólar de acuerdo con la tasa no oficial, pero en el mercado negro las tarifas se elevan entre 700 y 5.500 dólares.

La oferta depende del tipo de pasaporte y la duración del trámite, los consulares duplican en costos a los regulares. La diferencia es que unos se obtienen en el exterior y los otros en Venezuela. EL PAÍS ha conversado con dos personas que afirman conseguir estos documentos mediante mafias. Los hombres piden al cliente pagar por adelantado con dinero en efectivo, también coinciden en que las gestiones se han dificultado con el cambio de director en el organismo.

– ¿Cuánto cobra por sacar un pasaporte?

– Eso depende, el consular es muy caro. Sale más barato que (alguien) se venga a Venezuela, lo saque y se vuelva a ir. El consular, la cita son 2.500 dólares y la impresión son unos 3.000 – responde el gestor en una conversación telefónica.

¿Y cuánto el precio sería desde Venezuela?

– Ese es el VIP. Su precio es de 2.000 dólares y se entrega de un día para otro.

Por el más económico, conocido como el trámite “corriente”, se paga unos 700 dólares. Los que manejan este negocio prometen entregarlo en unas semanas. La venezolana Roxana Marín se niega a ser cliente de las mafias. Hace años había emigrado a Ecuador, pero regresó a su país con su bebé en febrero del año pasado. Su propósito era renovar el pasaporte y devolverse a Quito. Pero en la espera del proceso sigue en Venezuela. “Tuve la cita el 6 de abril de 2017, tras mucho batallar con la página del Saime”, dice. Obtuvo la prórroga hace cuatro meses.

La existencia de las mafias fue reconocida por Néstor Reverol, ministro de Interior, en julio. Fueron detenidos empleados del Saime, destituido su director, Juan Carlos Dugarte, y creada una línea telefónica para recibir denuncias.

La corrupción en los servicios de extranjería no es nueva. En su último informe, Transparencia Internacional, en su capítulo sobre Venezuela, ha registrado 195 casos de cobros ilegales de pasaportes desde enero de 2017. Un centenar de estos casos fue denunciado en la Fiscalía por esta ONG que recoge los casos mediante llamadas, correos y conversaciones con los extorsionados.

Muchos no formalizan sus acusaciones. María Laya, una estudiante de Derecho, escribe al nuevo director del ente de identificación que un hombre le cobró 2.200 dólares por un pasaporte. Como prueba enseña una fotografía de la conversación con el extorsionador, pero nadie atiende su denuncia.

Laya dice que encontró al presunto facilitador en un grupo de Facebook dedicado a hacer trámites para viajeros. Las ofertas de gestoría se hallan hasta en la web Mercado Libre. En la plataforma de compra y venta de todo tipo de productos se lee “trámites del pasaporte, citas y prórrogas” para los que se sientan confundidos o hastiados del proceso y prefieran contratar a otros. Nadie califica a este servicio anónimo que se localiza en el occidental estado de Lara y que asegura operar en todo el país, no trabajar para el Gobierno y tampoco garantizan agilizar la entrega del documento.

La página oficial del Saime se demora en abrir, otras veces no carga. Los usuarios acceden al portal del ente para pedir una cita electrónica, el primer paso del proceso para sacar un pasaporte. Marilyn Ochoa, madre de un niño con cáncer, no ha podido con este paso desde noviembre. Necesita un pasaporte para su hijo que será atendido en Colombia ante la crisis de salud en Venezuela. “La Clínica Las Américas, en Medellín, me prometió ayudar al niño y estoy paralizada por un trámite”, explica.

Muchos optan por pedir una prórroga de dos años en su pasaporte. Esta es una estampa puesta al documento ya vencido, un proceso que tarda entre uno y tres meses. Su costo es menor a un dólar dentro del país, pero en el exterior es superior.

Gustavo Vizcaíno Gil, director del Saime, evalúa extender la prórroga a cinco años, pero la solución no incluye a los que necesitan uno nuevo. Para normalizar el servicio se necesita una inyección millonaria de presupuesto y un cambio de políticas. El antecesor del organismo, Dugarte, había advertido que el Gobierno gasta 16 dólares por producir un pasaporte. Eso significó pérdidas económicas.

Los anulados

El Saime invalidó 45 pasaportes venezolanos pertenecientes a periodistas, políticos opositores y sus familiares en los meses de protestas antigubernamentales de 2017. La lista de afectados fue divulgada por los medios de comunicación en ese momento y se hicieron denuncias públicas, pero no se abrieron investigaciones contra la institución.

Ana Pérez, nombre falso por petición de la entrevistada, se siente “indefensa”. Salió del país tras ser amenazada por su trabajo periodístico hace tres años. En una visita a su familia, radicada en Caracas, su pasaporte fue anulado por agentes de Migración en 2017. “La muchacha me puso el sello de salida a pesar de que me decía que el pasaporte estaba anulado por robo, según le indicaba el sistema”.

Ahora, está en el extranjero, no ha visto a su familia porque no puede viajar y solo espera volver a la legalidad. “Me siento presa, en un limbo. Es como no existir. Gracias a unos contactos pude hacer el trámite otra vez, aguardo ahora, pero sin garantías”, explica.

Rechazo gubernamental al éxodo

El éxodo se incrementó en 2012. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, casi el 80% de esta emigración reciente se ha producido entre los años 2016 y 2017. Maduro critica a los que se van del país. “No saben cuánta gente está lavando pocetas (inodoros) en Miami”, dijo en abril. Pero no se refiere a las principales motivaciones de los migrantes, entre ellas los bajos salarios, la violencia y la intimidación por oponerse al régimen. Solo la crisis económica ha desplazado a un 67% de estos migrantes, agrega el informe.


 

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