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Esequibo: un solo camino

02 de julio, 2020

El fin de semana pasado participamos en el Foro sobre Política Internacional y Diplomacia en Valencia organizado por la Gobernación de Carabobo en las denominadas mesas de diálogo donde se intenta abrir un espacio para el debate y la convergencia en aspectos importantes de la vida nacional. En esa oportunidad expusimos el reclamo permanente que desde 1899 hemos venido haciendo gobiernos y ciudadanos en la justa reclamación de los 159.500 km2 que Inglaterra nos arrebató por vía de hecho y de derecho; y que ahora por la importancia geopolítica de la proyección marítima y las inmensas riquezas en esos espacios son irrenunciables por nuestras futuras generaciones.

Todos debemos estar en la misma posición, en la defensa del territorio Esequibo cuando en la CIJ se está considerando el diferendo entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. La comisión que preside el diputado William Dávila sobre Defensa del Esequibo y de su fachada Atlántica como expresión de todas las fuerzas políticas de oposición en el Congreso, han rechazado toda jurisdicción e la CIJ para considerar este asunto. El Canciller Jorge Arreaza, como representante de la diplomacia del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro también ha ido categórico en mantenernos dentro de los criterios jurídicos y diplomáticos del Acuerdo de Ginebra de 1966.
Nadie en Venezuela aceptaría lo que pretende el Gobierno de Guyana ante la CIJ sobre la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, donde Venezuela estuvo ausente y se comprobó por revelaciones de los abogados que representaron a nuestro país bajo el criterio de la Doctrina Monroe de los turbios acuerdos entre los británicos y el Presidente del Tribunal Arbitral, el jurista Ruso Fiódor Martens.
Con el multilateralismo inaugurado en 1919, después de la Primera Guerra Mundial y la Gripe Española, cuando se estableció la Sociedad de las Naciones y la pérdida de los poderes imperiales; y más adelante con la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de las controversias internacionales proclamada por la ONU. Muchos litigios territoriales buscaron solucionarse pero en un nuevo marco de justicia y equidad, invocando precisamente el artículo 33 de la Carta de la ONU. Para nuestras repúblicas que fueron colonias de los imperios y en nuestro caso del Reino de España, con la independencia en el diseño de los límites territoriales nacionales se aplicó el principio del “uti possidetis iuris”; siempre el territorio Esequibo formó parte de España y considerado desde la independencia como parte esencial de la nueva República. Por eso, en 1962 en el nuevo escenario internacional multilateral nuestra diplomacia profesional hizo público en todos los foros y en el seno de la ONU el lógico reclamo del Esequibo dentro de las exigencias del nuevo Derecho Internacional Público. Gran Bretaña, y la futura Guyana independiente en 1966 firmaron con Venezuela un pacto que permitía discutir y llegar a un acuerdo sobre el territorio en disputa; aceptándose la solución de la controversia jurídica por vía de la negociación pacífica.
Inexplicablemente, los dos últimos Secretarios de Naciones Unidas excediéndose en sus atribuciones y en el mandato que le dio la ONU en el Acuerdo de Ginebra, sacaron del contexto bilateral el caso del Esequibo y lo remitieron a la CIJ. Además de la demanda introducida por la República Cooperativa de Guyana el 29 de mayo del 2018, tanto Ban Ki-moon como el actual Secretario General Antonio Guterres conocían la permanente actitud de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la CIJ en ningún caso y ninguna oportunidad. Esta ha sido doctrina tradicional de nuestra diplomacia frente a la competencia y la jurisdicción de esta instancia internacional.
A diferencia de la mayoría de países de América Latina que por el pacto de Bogotá se comprometieron a recurrir automáticamente a la CIJ, nuestra nación no acepta la jurisdicción ipso facto para controversias entre Estados. Es inconveniente en materia de territorialidad y es espacios aéreos, marítimos y terrestres dejar a terceros decisiones tan trascendentales. En ese momento, se cuestionó tanto a los Secretarios Generales de la ONU como a Guyana el dejar de lado el imperativo del Acuerdo de Ginebra con “soluciones amistosas, satisfactorias y con un arreglo práctico y aceptable para ambas partes”. Por eso las declaraciones en esa oportunidad del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y del Presidente de la República, Nicolás Maduro,  fueron coincidentes. Ambos expresaron el no reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ sobre el Esequibo, igualmente por no ser plausibles jurídicamente la solicitud de Guyana debería ser inadmisible la demanda y se desconocería cualquier decisión en el fondo del asunto.
Gobierno y oposición, reafirmaron y hoy reafirman ante cualquier decisión de la CIJ la vigencia del Acuerdo de Ginebra y el imperativo de negociar un acuerdo entre las partes.
Esta actitud es lógica y consecuente con lo que en 1822, Simón Bolívar le exigía a su canciller Pedro Gual, al comunicarse con el enviado plenipotenciario en Inglaterra José Rafael Revenga frente a las pretensiones territoriales de Londres en nuestra soberanía. Así ha sido con todos los Gobiernos y con toda la diplomacia venezolana que logró el Acuerdo de Ginebra y del cual no podemos alejarnos. Seguiremos en este marco jurídico, diplomático y político. En el Esequibo, si caminamos solos podemos ir rápido; pero si vamos juntos llegaremos lejos.
jcpineda01@gmail.com
El Universal