En examen preliminar sobre Venezuela CPI abarcará protestas de 2014

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  • 5 diciembre, 2018
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El Reporte Global

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) presentó un informe sobre sus acciones y anunció que ampliarán el examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, para incluir el periodo de protestas antigubernamentales que inició el 12 de febrero de 2014 contra Nicolás Maduro.

En el informe, liberado el 5 de diciembre, la Fiscalía de la CPI también señaló que el examen preliminar sobre Venezuela formulará conclusiones “en un período de tiempo razonable”.

La fiscal Fatou Bensouda explicó que sigue recibiendo información por diferentes fuentes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad, y que el examen preliminar abierto en febrero tiene como objetivo formular sus conclusiones en un tiempo razonable.

La oficina de Bensouda ha recibido un total de 110 comunicaciones en relación con esta situación, incluidas 43 relacionadas con eventos ocurridos desde abril de 2017.

El documento, que incluye la situación de otros ocho países, se produce después de que la fiscal haya recibido críticas de sectores de la oposición venezolana por no haber iniciado una investigación plena sobre el país, paso posterior al examen preliminar ya abierto.

La fiscal reiteró que “se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” durante las protestas de abril de 2017 contra el Gobierno de Maduro.

También expresa que, supuestamente, “se ha detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales fueron presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención”.

Por otro lado, el informe especifica que la Fiscalía ha recibido información sobre “algunos grupos de manifestantes” que “recurrieron a medios violentos, lo que provocó que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos”.

La Fiscalía señaló que también tiene bajo su escrutinio la colaboración entre autoridades y “civiles armados pro gobierno, incluyendo los grupos denominados ‘colectivos’, que también perpetraron presuntamente una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición -reales o percibidos como tales- y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes”.

El examen preliminar sobre Nicolás Maduro y otros ocho altos funcionarios por presuntos crímenes de lesa humanidad inició luego de diversas comunicaciones entregadas por la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, denunciaron a la administración Maduro ante la CPI el 27 de septiembre de este año. Dos días después el gobierno de Francia también anunció su adhesión a esta solicitud, mientras que el gobierno de Costa Rica hizo lo propio en octubre.

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