El sol de Venezuela nace…

4 de abril, 2021

Una vez consumada la independencia se planteó como una cuestión primordial la determinación de los territorios para el mantenimiento de la paz entre las nacientes repúblicas. No olvidemos que en la época colonial – desde México hasta la Patagonia  – todo estaba bajo la soberanía de un solo estado, la corona española, pero al producirse la independencia esta trajo aparejada la dificultad sobre cómo se delinearían las fronteras de los nuevos estados ante la diversidad de gobiernos autónomos en el continente; de aquí que para zanjar diferencias y evitar conflictos entre las nuevas repúblicas, se aplicó el inveterado principio “uti possideti iuris” por el cual se estableció que se dividirían los territorios y se demarcarían las fronteras a imagen de cómo había sido la división político territorial que utilizaban los españoles. Es por esto que la República de Colombia en el Congreso de Angostura a través de la «Ley Fundamental de la República de Colombia», enuncia por primera vez en su artículo 2° la doctrina del «Uti possidetis juris de 1810», y luego lo ratifica en la Constitución de Cúcuta de 1821 en su artículo 6°; en consecuencia, ya que la antigua Capitanía General de Venezuela incluía los territorios de la Provincia de Guayana que alcanzaban hasta la margen izquierda el río Esequibo, a Venezuela le correspondió en derecho la soberanía sobre ese mismo territorio.

Es imprescindible recordar que en 1615 los holandeses, atraídos por la leyenda de El Dorado, invadieron el territorio que está en la margen derecha de la desembocadura del rio Esequibo y se adentraron hacia el sur del continente desalojando -o integrado- a los colonos españoles que residían en las costas de Guayana. Fue mucho después y mediante el Tratado Anglo – Neerlandés de 1814 que Holanda cedió a la ocupación británica las posesiones neerlandesas durante las guerras napoleónicas, entre ellas la Guayana Holandesa, que fue dividida para que Inglaterra se hiciese de las provincias de Demerara, Berbice y Esequibo que se encontraban entre el río Esequibo y el río Courantyne; mientras que Holanda conservaría el territorio comprendido entre el rio Courantyne y el río Maroni, lo que hoy se conoce como Surinam.

Sin embargo, esta porción del territorio no fue suficiente para la terrofagia británica sino que la corona inglesa inició en el siglo XVIII, y con el uso de la fuerza, incursiones colonizadoras dentro de nuestro territorio a raíz del descubrimiento de ricos yacimientos auríferos en la región guayanesa, aprovechando la debilidad institucional de nuestro país y alegando soberanía sobre nuestro territorio con base en unos mapas elaborados por el explorador y naturalista prusiano Robert Schomburgk (y pagados por los ingleses) quién trazó la frontera occidental de Guyana arrebatando a nuestro país casi 80.000 km de territorio; le otorgó soberanía a Inglaterra hasta Punta Barima en la desembocadura del rio Orinoco y, con ello, le concedió el derecho de navegación fluvial por ese río.

Es por instrucciones del presidente Antonio Guzmán Blanco en 1884 que se funda el pueblo de El Dorado cerca de la confluencia entre los ríos Yuruari y Cuyuní con la intención de resguardar el territorio nacional frente a las reiteradas incursiones de tropas inglesas en nuestro país, quienes frecuentemente se adentraban más allá de la margen izquierda del río Esequibo alegando la “Línea Schomburgk”. Ahora bien: a pesar de los enfrentamientos, esto no disuadió al imperio británico para intentar hacerse con más territorio y en 1887, mediante un decreto, se anexaron El Callao, Guasipati y El Dorado a la Guyana británica, lo que produjo la ruptura de relaciones entre Venezuela y el gobierno de la reina Victoria.

Frente a la amenaza constante de expoliación de su territorio, Venezuela acudió al gobierno de los Estados Unidos para que, en aplicación de la Doctrina Monroe, pusiera coto a las ambiciones inglesas; sin embargo, el gobierno británico rechazó la mediación de los norteamericanos e igualmente se negó a someter el asunto a arbitraje. No fue sino hasta que el presidente Cleveland le recomendó al Congreso norteamericano la conformación de una comisión que permitiese a Estados Unidos unilateralmente determinar donde corría la línea divisoria, el momento a partir del cual los ingleses, en vista de lo desfavorable que podría ser el resultado de esa comisión, acordaron con Venezuela someter la disputa a un arbitraje.

El arbitraje se llevó a cabo en la ciudad de París entre los años 1898 y 1899, y el tribunal estaba constituido por cinco árbitros, dos de nacionalidad inglesa, dos norteamericanos y, un tercero, el profesor de nacionalidad rusa Fiódor Fiódorovich Martens quien fungió como árbitro presidente con voto dirimente. El tribunal falló el 3 de octubre de 1899 con un laudo que desconoció los derechos soberanos de Venezuela y le reconoció un derecho inexistente a Inglaterra que trajo como consecuencia que Venezuela fuese despojada del 90 % del territorio que estaba en disputa.

Independientemente de las declaraciones reveladas post-mortem del Dr. Severo Mallet-Provost, miembro del equipo de defensores de los derechos venezolanos en la disputa quien desenmascaró la componenda política y la presión que se ejerció sobre los árbitros que representaban a Venezuela para suscribir el ignominioso fallo, así como las fallas jurídicas del mismo, lo cierto es que los gobiernos de Venezuela aceptaron como válido el fallo arbitral hasta 1962 cuando el canciller Marco Falcón Briceño llevó ante el seno de la ONU la denuncia contra el mencionado laudo alegando componenda y vicios de nulidad. Esta denuncia de Venezuela creó conciencia dentro de la Organización y luego de arduas negociaciones logramos arrancarle a Inglaterra y a la recién independizada Guyana en 1966 el Acuerdo de Ginebra; hecho que supuso un gran triunfo para Venezuela, pues al no haber instancia superior para revocar el fallo arbitral de 1899, la aceptación por parte de Guyana y del Reino Unido de revisar nuevamente el asunto era el reconocimiento de que el laudo no había estado ajustado a Derecho.

Esta negociación estuvo en manos del Secretario General de Naciones Unidas a través de la figura de Buen Oficiante y funcionó hasta la muerte del último designado para esta alta labor, el profesor jamaiquino Norman Girvan; pero al no haberse llegado a un acuerdo satisfactorio el gobierno guyanés decidió en 2018 someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia conforme al acuerdo ginebrino; instancia a la cual Venezuela debe acudir para intentar rescatar la Zona en Reclamación, ya que el Laudo de París es firme hasta que se produzca otra decisión posterior y nuestra única oportunidad de impugnarlo es en esa instancia. Sería muy ingenuo creer a estas alturas que por medio de una negociación Guyana estaría dispuesta a devolvernos el 70 % de lo que es hoy su territorio, pero que nos fue arrebatado a los venezolanos.

La Corte Internacional de Justicia ha intervenido a través de decisiones de equidad en conflictos territoriales como el de Colombia con Nicaragua; sin embargo, para la Cancillería venezolana el Tratado de 1966 “niega la vía judicial”, cosa que no es cierta, amén que supondría una grave imprudencia quedarse atrapados en esa posición; y ratificamos que es equivocada la interpretación de nuestra Cancillería ya que el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas prevé la solución judicial a la disputa, de aquí que la vía abierta por Guyana es la última posibilidad pacífica que tenemos para impugnar lo que, en otro caso, tendrá carácter de cosa juzgada.

Lamentablemente no podríamos estar peor con el tema del Esequibo y como “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”, lo más sensato es que aprovechemos que Guyana decidió someter judicialmente la disputa e intentar en esa instancia defender nuestro derecho y así lograr que el Sol de Venezuela nazca en el Esequibo o lo más cerca posible.

 

@rodolfogodoyp

 

El Reporte Global, no se hace responsable de las opiniones emitidas en el presente artículo, las mismas son responsabilidad directa, única y exclusiva de su autor.

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