El reto de la oposición en este momento es lograr llegar al 10E con un acuerdo unitario señalan analistas

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  • 22 noviembre, 2018
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La ilegitimidad de la toma de posesión de Maduro radica en la elección del 20 de mayo, que a juicio de los abogados Juan Raffalli y Juan Apitz no tuvo garantías para elegir a un presidente. Consideran que en Venezuela hay falta absoluta y deben hacerse elecciones para escoger a un nuevo mandatario.

 

La oposición tiene una tarea pendiente desde hace mucho tiempo: devolver la confianza a los ciudadanos y ofrecer una visión de país que sea verdaderamente tangible, dijeron expertos a El Pitazo. A escasas siete semanas de que el presidente Nicolás Maduro tome posesión de su cargo, el liderazgo opositor debe preparar el camino para plantarse frente a esta situación y mostrarle a Venezuela un conjunto de políticas que permitan recuperar la democracia y el hilo constitucional.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli explicó a El Pitazo que la raíz de la ilegitimidad de esta toma de posesión se ubica en el 20 de mayo de este año, cuando se efectuaron unos comicios presidenciales anticipados, con partidos políticos y candidatos inhabilitados, y cuya jornada se realizó bajo coacción, según denunció el excandidato Henri Falcón. Para el abogado, ese proceso fue el resultado del desencuentro en la mesa de diálogo que se instaló entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana a finales de 2017 y culminó el 7 de febrero de 2018.

“Lo que ocurrió el 20 de mayo genera un ambiente de anomalía. Eso es lo que le resta el efecto legitimador que nunca se había pensado en los últimos 50 años. Ahora bien, qué pasará el 10 de enero, eso no lo sabemos”, afirma Raffalli.

El desconocimiento a la farsa electoral lo hizo el Parlamento el 22 de mayo. Paulatinamente, el G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Canadá y Alemania), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y otros países se fueron pronunciando en rechazo a este proceso comicial. Ante eso, el constitucionalista Juan Carlos Apitz señala que es indudable que la ilegitimidad de Maduro también es externa.

Los juristas no dudan de que el gobernante venezolano seguirá adelante. De acuerdo con el artículo 231 de la Constitución de la República, el candidato elegido tomará posesión mediante juramento ante la Asamblea Nacional.

Rafalli se pregunta si en efecto el mandatario acudirá ante el órgano legislativo que no reconoce: “Maduro se juramentará ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante la Asamblea Nacional Constituyente. Cómo puede enfrentar el país esta situación entre los poderes públicos”. Mientras, Apitz complementa que “no solo quedó ilegítimamente electo, sino que también será ilegal su toma de posesión. Y no la pueden hacer en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) porque carece de toda validez”.

A partir de esa premisa, Raffalli y Apitz señalan que en Venezuela debe aplicarse el artículo 233 de la Carta Magna, el cual establece que cuando se produzca la falta absoluta del presidente antes de tomar posesión, se efectuará una nueva elección dentro de los 30 días consecutivos. Y mientras se realiza este proceso, el presidente de la Asamblea Nacional quedará a cargo de la Presidencia del país.

Apitz hace un alto en su explicación a El Pitazo y aclara que la Constitución no establece qué debe hacerse en el caso de que haya un proceso electoral viciado, por lo que la interpretación de este artículo es absolutamente analógica.

Para el politólogo y director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, el gobernante Maduro ya está deslegitimado porque cuenta con 15 % de apoyo en el país, “que significa mucho para lo mal que está Venezuela, pero también indica que está mal para sostenerse en el país políticamente”.

Opina el catedrático que el 10 de enero no significa el final. Tampoco se trata de cruzar la línea de lo imposible porque, dice, ya se cruzaron varias veces al haber efectuado la elección de la constituyente, al haber quitado competencias al Parlamento y al realizar elecciones presidenciales sin ningún tipo de garantías.

Unidad en el sector democrático

Ahora bien, de acuerdo con la posición de Raffalli, no debe crearse la expectativa de que el 11 de enero el nuevo presidente del Poder Legislativo asumirá las riendas del país. Por ello, considera conveniente crear una plataforma nacional que conlleve a una salida democrática y pacífica: “Debe existir más que un diálogo, una negociación efectiva, con mecanismos de verificación. Venimos muy mal. El 10 de enero estaremos peor”.

A la Asamblea Nacional le corresponde entonces “apretarse los pantalones”, destaca Apitz, quien formó parte del comité de postulaciones para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, actualmente en el exilio.

“No habrá presidente legítimo y hay falta absoluta. Indudablemente, debe producirse un acuerdo interno entre las fracciones de la Asamblea Nacional (AN) para asumir lo que dice la Constitución. Además, el sector democrático debería tener un plan mínimo de país”, sostuvo Apitz a El Pitazo.

En cuanto a la ruta, Alarcón señala: “Todos los esfuerzos, consultas y acuerdos son válidos. El punto álgido está en la capacidad que se tenga para hacer realidad el clamor de la ciudadanía”.

Precisamente, el pasado martes 13 de noviembre, el Parlamento aprobó un acuerdo en el que declaraban inconstitucional la pretensión de Maduro de usurpar el cargo a partir del 10 de enero e instaban a la comunidad internacional a continuar presionando hasta lograr el cambio político.

En ese sentido, Alarcón advierte que la tarea no les pertenece a los países, sino a los propios dirigentes y ciudadanos venezolanos: “La ayuda de la comunidad internacional es limitada. Hay que presionar adentro, eso pesa más”.

“No es lo mismo tener a los países demandando elecciones libres en Venezuela y a los propios venezolanos exigiéndolo, que hacerlo y que el país esté aparentemente tranquilo. No podemos esperar que la comunidad internacional se tire en el piso si nosotros no hacemos nada”, apuntó el también profesor universitario.

Alarcón coincide con los abogados. Asegura que no puede haber lamentaciones o quejas ante la toma de posesión, que es muy probable que ocurra, sino que deben definir estrategias y objetivos para que los ciudadanos promuevan el cambio. La articulación no debe esperar.

A su juicio, no debería repetirse la inacción que se observó después del 16 de julio de 2017, cuando más de siete millones de ciudadanos fueron consultados sobre el desconocimiento a la Asamblea Constituyente y la renovación de los poderes públicos.  Por ello, aboga por que el Frente Amplio y los diversos congresos que se han realizado recientemente sirvan para que la voluntad popular se traduzca en acciones concretas.

“Si no se hace nada, como el 20 de mayo, será un día más. Y si la gente se entrega y piensa que no hay nada que hacer y todo quedará en manos de Maduro, las cosas tampoco van a cambiar. La motivación por el cambio y la exigencia de elecciones libres también es tarea de los ciudadanos”, expuso Alarcón. Argumenta que entre los caminos de articulación se encuentra una elección primaria para definir el liderazgo opositor.

Sin espacios para la negociación

Por más de 20 años, Alarcón ha seguido muy de cerca lo que implica una negociación. Afirma que en este momento no hay espacio posible para sentarse a negociar porque el Gobierno tiene el control del poder y no necesita a su disidencia.

Coloca como ejemplo la situación económica: “El Gobierno no está urgido de un acuerdo con la oposición para solventar la situación económica porque no puede aportarle nada. Son decisiones del Estado. Si ellos quisieran resolver el problema, ya lo habrían hecho. Es que no tienen voluntad ni interés en el tema”.

Autor: Sammy Paola Martínez | El Pitazo

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