El Problema no es Venezuela

11 de abril, 2021

La manera más orgánica mediante la cual un Estado ejerce soberanía sobre su territorio es cuando la población logra llenar ese espacio y desarrolla comunidades donde se asientan la nacionalidad y el sentimiento de pertenencia a un país; y aun cuando la vigilancia militar sobre un territorio para el cuidado de la soberanía no debe cejar, esa presencia armada de defensa territorial no supone arraigo a la tierra. Si bien es cierto que ninguna legislación del mundo otorga facultades a sus ejércitos para la guerra, lo que sí está definido como función primordial de las fuerzas armadas, en cualquier latitud, es la defensa del territorio.

La frontera y su protección siempre han significado un importante desafío para los gobiernos venezolanos y especialmente para nuestras Fuerzas Armadas. Históricamente la seguridad del Estado fue tratada como un asunto militar centrado en las amenazas externas e internas contra la seguridad nacional y por eso el proceso de gestión y de las relaciones fronterizas ha sido delegado en el cuerpo militar pues es un mecanismo clave en la protección del espacio territorial y en la defensa de la soberanía. En la actualidad el concepto se amplía para ser multidimensional, de modo que incluye aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales, tanto a lo interno como a lo externo del territorio.

Venezuela tiene fronteras terrestres con Brasil, Guyana y Colombia, pero ni Brasil ni Guyana representan un problema; en cambio con Colombia tenemos nuestra frontera “caliente” y ha sido el límite territorial más conflictivo que hemos tenido; con ella compartimos una línea de unos 2.219 km desde Castillete hasta el punto trifinio que limita con Brasil.

El primer elemento diferenciador de las tres fronteras es la topografía porque con Brasil y Guyana, en casi toda su extensión, están determinadas por la selva amazónica que sirve de tapón natural para los flujos humanos, se complica el tráfico de bienes y por lo despoblado de las zonas aledañas; en cambio con Colombia nos separa por el norte una zona desértica, una porción de los andes y una gran extensión de llanos, sabanas ilimitadas, planas, que es la orografía de más de la mitad de nuestra frontera común y lo cual permite  – salvando pasos de aguas –  el tránsito libre de bienes y personas entre ambos países, y donde a ambos lados de la línea divisoria hay numerosos y populosos asentamientos humanos.

Por otra parte, ninguno de nuestros vecinos fronterizos se ha visto alterado y casi disuelto como Estado por una guerra civil de la magnitud que ha tenido Colombia por más de 60 años, donde se han asesinado a más de 262.000 colombianos y ha sido desaparecidas más de 80.000 personas, según reporta su Centro Nacional de Memoria Histórica; guerra que supuso todo un reto para Venezuela pues llegaron al país más de 4 millones de refugiados y desplazados. Por otra parte, Colombia vio hasta tal punto debilitadas sus instituciones que tuvo que entregar buena parte de su soberanía a otro país (Plan Colombia) debido a su propia incapacidad de manejar un conflicto que la ahogó y la sigue ahogando en sangre, es suficiente con mirar – actualmente – la desaparición o la ejecución de más 1.500 personas entre líderes sociales, sindicales, campesinos y obreros o falsos positivos en los últimos dos años.

Las estructuras e instituciones colombianas han sido seducidas por el delito del tráfico de drogas en todas sus esferas políticas y económicas. Colombia es el país responsable del 70% de la producción mundial de cocaína según informe de la ONU y ese mismo Informe específica que, en 2017, la producción de droga en esa nación aumentó un 31%. Por su parte la organización Global Financial Integrity señala que los narcóticos es un negocio de 650.000 millones de dólares, de modo que solo hay que figurarse el impacto de esas cifras en un país como Colombia – donde su PIB para el 2019 alcanzó los 323.615 millones según el Banco Mundial – siendo como es, el productor de las 3/4 partes de esa droga.

Resalta el citado informe de la ONU que todo apunta a un cambio en las rutas del narcotráfico desde América del Sur con disminución de salidas desde Venezuela, mientras que en Brasil se mantienen, y se acentúa creciente y preocupantemente en Uruguay como punto de partida, de manera que para la organización narco colombiana es de importancia capital crear una ruta a través de nuestro país con salida al mar por tema de costos y de distancias, de suyo es más barato sacar la droga vía fluvial por el Apure y por otros ríos venezolanos hasta la desembocadura del Orinoco, que tener que trasladarla por gran parte de Suramérica y exportarla a través de Punta del Este.

Sumado a ese desbarajuste institucional, Colombia tiene en su historial de relaciones internacionales varios eventos de agresión hacia sus vecinos; basta con recordar el episodio del Caldas en aguas venezolanas; o el bombardeo a territorio ecuatoriano en 2008, y en consonancia con esa política, se suma actualmente, la actitud del gobierno colombiano de beligerancia, franca hostilidad e injerencia abierta hacia los asuntos políticos venezolanos, posicionando a Venezuela como su “enemigo”.

Pareciera lógico pensar que esta impronta belicista puede verse magnificada en la actualidad por los acuciantes problemas sociales que atraviesa Colombia, ya que padece la contracción económica más profunda que vive desde 1975 debido a que el PIB cayó 6,8% en 2020; así como a la necesidad de que el narcotráfico – uno de los principales impulsores de su economía – consiga vías de salida por la fachada atlántica que le corresponde a Venezuela, que compense ese decrecimiento.

Los eventos de Apure parecieran, entonces, un artero intento de las estructuras colombianas para “matar dos pájaros de un tiro” ahora que ese país presenta unos altos índices de convulsión social, tiene en pleno desarrollo la peor crisis económica de los últimos 40 años y vive una situación alarmante en la cual sus estructuras de poder están sujetas a bandas narcotraficantes: por un lado, colocar el foco de atención en Venezuela quitándolo de su propio país y, a la vez, intentar abrir las vías de Venezuela para el tráfico de drogas.

No cabe duda de que Venezuela atraviesa una situación muy adversa, con una profunda crisis política y social, pero la guerrilla y el narcotráfico como modos de vida no son una característica propia de nuestro país, por el contrario, se están intentando importarlos a este lado de la frontera y como “enemigos” deben ser tratados. Nuestras Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su deber y con alto sentido patriótico, están combatiendo a esos irregulares, pero, sobre todo, están impidiendo que Venezuela se “colombianice”, pues el problema es de Colombia, no es de Venezuela.

 

@rodolfogodoyp

 

El Reporte Global, no se hace responsable de las opiniones emitidas en el presente artículo, las mismas son responsabilidad directa, única y exclusiva de su autor.

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