El Esequibo: un momento decisivo en la CIJ

17 de diciembre, 2020

El próximo viernes 18 de diciembre será hecha pública una decisión trascendental para Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, en la ciudad de La Haya, vinculada a nuestra territorialidad. Los 159.000 Km2 que corresponden a la región esequiba podrían estar en peligro de perderse si este Tribunal Internacional acoge los criterios señalados en la demanda que interpuso Guyana el 29 de marzo de 2018, para que se reconozca la validez del Laudo Arbitral de 1899 donde se despojó a Venezuela de ese territorio y, por lo tanto, se deje sin efecto lo acordado entre Venezuela y Gran Bretaña, con la participación de la futura República Cooperativa de Guyana, en el Acuerdo de Ginebra de 1966. El gobierno guyanés espera, por ahora, que la CIJ declare su jurisdicción para conocer de este caso.

Venezuela, el 18 de junio de 2018, frente a esta demanda de Guyana y en correspondencia expresa con la CIJ, optó por la no comparecencia, bajo el planteamiento de que una acción planteada unilateralmente por el país vecino no debe ser aceptada y con el criterio tradicional de que Venezuela no reconoce ni ha reconocido nunca la jurisdicción de este Tribunal Internacional. Esta no presencia de nuestro país es un derecho establecido en la doctrina y en la jurisprudencia, y no significa una aceptación de los argumentos de la parte demandante. Nuestro país ha sido cuidadoso en la presentación de argumentos y pruebas, bajo el principio de igualdad y equidad, ya que la CIJ siempre debe informarse y convencerse de los hechos y el derecho dentro de su propia iniciativa para alcanzar la verdad. El 17 de abril de 2019, el Gobierno nacional ofreció aportar toda la colaboración necesaria para que la Corte pueda pronunciarse en pleno derecho. En respuesta a la demanda guyanesa, la diplomacia venezolana presentó un memorándum en donde rechaza y contradice toda la argumentación del país vecino y reafirma que para este conflicto territorial es imperativo aplicar el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Guyana alega en la demanda que el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 faculta al Secretario General de la ONU para someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, donde está incluida la CIJ; los dos últimos Secretarios de la ONU así han procedido.
Nuestra diplomacia insiste en la necesidad del consentimiento expreso de ambas partes, tanto en el mandato al Secretario General de la ONU, como en cuanto a la aceptación de la jurisdicción de la CIJ. Para Venezuela, el Secretario General se excedió en sus funciones al remitir el conocimiento de la controversia a este Tribunal Internacional sin haber agotado previamente todos los medios de solución pacífica.
Los venezolanos esperamos que el próximo viernes la CIJ remita nuevamente el caso bajo los criterios aprobados en el Acuerdo de Ginebra, para que las dos partes lleguen a una solución negociada y aceptable. Fue importante el planteamiento de uno de los 15 magistrados en La Haya, el juez marroquí Bennouna, en la audiencia oral de Guyana ante el Tribunal, cuando inquirió sobre si se habían agotado todos los medios de solución pacífica. Lo cierto es que se han agotado algunas de las formas, como la negociación y los buenos oficios, pero podría recurrirse a otras alternativas en el campo de la política y la diplomacia, como es el espíritu del Acuerdo de Ginebra.
Es un principio en los tribunales internacionales, el necesario acuerdo y la expresión clara de la voluntad de los Estados en participar de la solución jurídica. Así lo establecen el Estatuto y el Reglamento de la CIJ. Nuestro país nunca ha aceptado esta jurisdicción, ni tampoco ha recurrido a ella.
Debemos seguir en la vía de la negociación bilateral y dentro de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra.
Finalmente, la validez del laudo arbitral del 03 de octubre de 1899, sin la presencia de jueces venezolanos, que estableció la frontera entre Estados Unidos de Venezuela y la colonia de Guyana Británica. quedó definitivamente cuestionada por el nuevo Tratado establecido entre las partes en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Desde esa época, todas las discusiones entre los dos países han versado sobre la delimitación de las fronteras terrestre y marítima, pero nunca sobre la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899, que es objeto fundamental de la demanda guyanesa.
El gobierno y la oposición venezolana, ante esta situación, coinciden en la continuidad de las negociaciones dentro del Acuerdo de Ginebra y en el desconocimiento de la jurisdicción de la CIJ.
En la “Revista Diplomacia” de Venezuela, en su último número, se analiza ampliamente el tema del Esequibo con una entrevista que le realizamos al profesor Antonio Ramiro Brotons, asesor de Venezuela ante la CIJ para el caso de Esequibo y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia Dr. Maikel Moreno donde se refleja la posición del gobierno; también al diputado de la oposición de la Asamblea Nacional William Dávila presidente de la Comisión para la Defensa del Esequibo y la fachada Atlántica de Venezuela.

Esperaremos la decisión de este viernes para referirnos nuevamente a este tema de alto interés nacional.

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El Universal

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