4 de agosto, 2022
Por: José Antonio Gil Yepes
Es vox populi que los empleados públicos son los trabajadores peor pagados de los países subdesarrollados, como el nuestro. Este error es muy costoso porque en esos países es evidente que “malos sueldos” están atados a “ineficiencia, ineficacia y corrupción”. Luego sería beneficioso para todos corregir dicho error.
Para corregirlo, es necesario fijar criterios. Creo que el primero de ellos es que el servidor público debe ser el personaje más respetado, reconocido, mejor remunerado y más estable de la sociedad pues tiene en su mano el funcionamiento de todo lo que es del común. Para lo cual debe funcionar bajo una ética de servicio civil. El que no se le reconozca así, sino como ficha del partido de gobierno, se debe a que, sobretodo las capas de arriba de la burocracia, son elegidas como clientela política y no por méritos técnocráticos. Son efímeros en sus cargos; la mayoría son removidos cada vez que cambia el gobierno. En 1974, Mauricio García Araujo publicó un artículo al respecto en la Revista Resumen señalando, entre muchas cosas, que cuando, en Alemania, entraba un nuevo gobierno, podían cambiar unos cuarenta cargos, el canciller, ministros, etc., y que la continuidad administrativa y de políticas públicas se aseguraba a través de la continuidad en el cargo de todos los demás empleados, incluyendo el Secretario de cada Ministerio, inamovible por Ley, porque había llegado allí por concurso y porque tenía una trayectoria profesional exitosa. En cambio, en Venezuela, por esa época, a la entrada de los nuevos gobiernos, cambiaban unos 8.000 titulares. Lo que reflejaba que, en vez de funcionar bajo una ética de servicio civil, funcionaba –y seguimos funcionando– bajo una ética clientelista. Es decir, que el criterio de contrato y despido se basa en criterios de confianza político-partidista y no tecnocráticos. La continuidad de los programas no importa; predomina, más bien, cambiar lo que hacía el anterior incumbente para descalificarlo y comenzar a hacer algo diferente para justificarse. El nuevo entrante piensan que están allí, no para servir, sino para cobrar los favores o gestiones que supuestamente ya hizo para que su partido llegara al poder.
Una derivación de esta barbaridad es utilizar la contratación de empleados públicos como subsidio, dar empleo. Y este proceso se complica porque los empleados superiores que tienen el poder para crearlos, eligen a sus respectivos contratados para conseguir apoyos a las respectivas facciones que conviven dentro del mismo partido de gobierno. Es más, se da la regla de “no exigirles mucho” porque, de hacerlo, podrían cambiar de facción y hacerle la vida imposible a su benefactor inicial.
Para corregir estas grotescas distorsiones, uno puede pensar que el primer criterio a aplicar es el elegir a los servidores públicos por concursos de credenciales, lo cual incluye profesionalismo, experiencia acumulada y trasparencia. Está bien, pero ese cambio no va a ocurrir si “la política” no permite que emerja la fuerza de la rendición de cuenta de la administración pública ante la población y los sectores organizados.
Otro criterio a aplicar es el de que las mejores remuneraciones y los criterios más estrictos de selección deben aplicarse a los cargos más trascendentes. Obviamente, estos cargos son, primero, los maestros; los encargados de educar a nuestros hijos. Nada más tiene tanto impacto en amplitud y profundidad de cualquier sociedad. Y, sin embargo, ubíquese Ud. en la realidad de que hay maestros cuyos sueldos no distan mucho de un salario mínimo que no llega a US $ 40 mensuales. ¿A una persona bajo tantas penurias y presiones le entregaría Ud. la educación de sus hijos? No es justo con ninguna de las dos partes. En las siguientes prioridades se encuentran los trabajadores de la salud, los militares, las policías y el personal de justicia.
Y, ¿de dónde sacar el dinero para pagarles? Lo primero que hay que hacer es reducir la nómina para que lo poco que le queda al Estado pueda repartirse mejor entre menos manos. De hecho, esto está ocurriendo pero no se comenta; debido a que las renuncias en Pdvsa, Sidor, las FANB, etc. han sido masivas “porque el sueldo no alcanza”. Otros mecanismos clave de reducción de nómina son la privatización de las empresas del Estado y la tercerización de servicios a empresas privadas que no deben tener como único cliente a instituciones del Estado.
No me preocupa tanto el desacuerdo de algunos con estas ideas como el que este debate no tiene ninguna vigencia, ni siquiera entre los empleados públicos, y que éstos, a lo sumo, reclaman “mejores sueldos”, pero ignoran completamente las causas del maltrato que sufren y que hemos tratado de comenzar a listar en estas líneas. Si estas causas no cambian, la tragedia y vergüenza que ocasionan seguirán vigentes.
@joseagilyepes
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